Cuestionan concesión que afecta el histórico reclamo
soberano en Malvinas
Conflicto marítimo. Se trata de la licitación para los
buques que remolcan gas hacia varios puertos del país. Enarsa se la concedió a
una firma danesa que, según empresas locales, opera sin habilitación del estado
argentino en las islas usurpadas.
A través de una medida cautelar, el juez federal de Ciudad
de Buenos Aires Enrique Lavié Pico frenó la operación de remolcadores
contratados por el gobierno nacional que fueron denunciados por realizar tareas
en las Islas Malvinas sin autorización del gobierno argentino, tal como prevé
la ley 26.659. La medida había sido pedida por la Cámara de Armadores de
Remolques (CAR).
Estos remolcadores son embarcaciones que se utilizan para
asistir en puerto o en navegación a los buques que trasladan gas metano. Luego,
por acción de las naves "regasificadoras" amarradas en los puertos de
Escobar y Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires, ese fluido es inyectado
en la red domiciliaria hacia todo el país.
Las embarcaciones que objeta el juez Lavié Pico habían sido
adjudicados el año pasado en una licitación del Ministerio de Energía, a través
de la estatal Enarsa, que aceptó la participación de una Unión Transitoria de
Empresas (UTE) llamada Logística y Servicios S.A, conformada por una agencia
marítima y el gigante naviero dinamarqués Maersk (a través de la subsidiaria
Svitzer).
En Logística y Servicios Marítimos está la empresa Meridian,
liderada por Jorge Samarin, histórico agente de los buques gaseros en la época
kirchnerista.
Pliego cuestionado
La decisión del magistrado se consecuencia de la objeción
realizada por firmas locales agrupadas en CAR al resultado de la operación.
Entre otros puntos cuestionaron que la ganadora violó el pliego de la
licitación porque al momento de la apertura de los sobres no tenía buques
propios ni alquilados. A tal punto que se debió extender la operación del
anterior concesionario hasta que la ganadora consiguiera los remolcadores
necesarios. También criticaron las ventajas arancelarias a multinacionales en
desmedro de los astilleros locales, señala la denuncia.
Especialistas en materia energética aseguran que el camino
de ingreso para Svitzer fue allanado por el ministro de Transporte, Guillermo
Dietrich, quien, en su objetivo de bajar los "costos logísticos" vio
prácticas cartelizadas en el sector de remolques. Y al defender la licitación
objetada, refiriéndose a Maersk, dijo: "es una de las más grandes del
mundo, que opera hace 23 años en la Argentina" y que "está trayendo
12 remolcadores, con una inversión de u$s 70 millones, va a pagar impuestos por
u$s 12 millones y va a tomar 120 tripulantes".
Las naves importadas –en tiempo récord– sortearon todos los
obstáculos aduaneros, impositivos, técnicos, laborales y gracias a una
aceptación gremial de los sindicatos del sector que comenzaron a operar en
condiciones salariales más laxas que las que la legislación laboral argentina
exige a las empresas del mismo rubro.
Exploración petrolera en las islas
En medio de la maraña de denuncias de todo tipo realizadas
ante el Estado Nacional, especialistas en derecho marítimo encontraron un
detalle que aparentemente pasaron por alto los funcionarios
"especialistas" de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de
la Nación a los que se les encomendó el seguimiento de los aspectos específicos
de la contratación, consignó el sitio Infobae.
Es que la única y real propietaria de las 11 unidades
importadas en condiciones de excepción es la empresa danesa Maersk, una
meganaviera propietaria de las naves AHTS Maersk Traveller y AHTS Maersk Pacer,
que operaron como auxiliares en el transporte de la plataforma de exploración
petrolera "Ocean Guardian" en las Islas Malvinas sin contar con la
aprobación del gobierno nacional.
Hace dos semanas, la Prefectura Naval Argentina fue
oficialmente notificada de la prohibición en su carácter de autoridad marítima.
Sin embargo, los remolcadores siguieron operando.
El diario Ámbito Financiero indicó que tanto Svitzer, como
Enarsa, como Logística y Servicios Marítimos y la propia Prefectura recurrieron
a la interpretación de lo que la justicia señaló como "restricción de
salida". Desde Svitzer adujeron que tal orden no se incumplió porque no se
ordenó una "interdicción de navegar". De hecho, la semana última, el
juzgado 12 en lo Contencioso Administrativo pareció darles la razón al señalar:
"De su lectura (respecto de la cautelar) no resulta que se hubiera
ordenado interdicción de navegar ni de operar comercialmente".
Por su parte, la propia Maersk a través de un comunicado
señaló: "Ninguna empresa perteneciente al Grupo Maersk ha trabajado en
alguna actividad de exploración o producción de hidrocarburos en alta mar en
las Islas Malvinas desde la promulgación de la ley 26.659, enmendada por la ley
26.915".
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