La Justicia reunió hasta ahora resulta que desde hace años
el material con el que operan las tres fuerzas es obsoleto.
De acuerdo con los informes presentados por testigos, no hay
submarinos en condiciones de navegar, la mayoría de los aviones están fuera de
servicio y no hay un solo avión de combate en vuelo; tampoco hay municiones
suficientes para el mínimo entrenamiento exigible y la mayor parte de los
vehículos rodantes no tienen permiso para circular por la calle: no pasan la
verificación técnica.
El expediente que abrió Di Lello, en el que ya declararon
siete exministros de Defensa, es una "investigación preliminar", una
instancia previa al inicio formal de una causa penal. Abarca un período de más
de 35 años: desde la Guerra de Malvinas , durante la dictadura, en adelante.
El ministro de Defensa, Oscar Aguad , admitió que el estado
del material operativo de las fuerzas es obsoleto. Lo adjudicó a "la
decadencia integral del país" y a la "estigmatización" que,
dijo, sufrieron los militares durante la última década. Según Aguad, la idea
del Gobierno es mejorar la inversión, pero con conciencia de que son tiempos
"de grandes restricciones" para el país. Anunció además que las
fuerzas están en plena reconversión y que el Gobierno va a derogar el decreto
de Néstor Kirchner que solo les permite actuar ante un ataque exterior que sea
de otro Estado.
Este año, el estado de las fuerzas es un asunto
especialmente delicado: Buenos Aires será sede de la Cumbre del G-20 y recibirá
a los principales líderes del mundo.
Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de Raúl Alfonsín,
Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde , declaró: "La Armada cuenta con una
importante cantidad de naves que solo sirven a los efectos estadísticos, porque
no es posible ponerlas nuevamente en servicio [...]. Gran parte de los pilotos
no pueden cumplir con las horas mínimas de vuelo que los habilitan para cumplir
con su misión. La munición con la que cuenta el Ejército no alcanza siquiera
para mantener un adecuado adiestramiento de sus hombres ni para sostener un
mínimo de días de combate".
En los últimos seis meses, sin que trascendiera, el fiscal
argentino Di Lello reunió documentación sobre el estado del Ejército, la Armada
y la Fuerza Aérea y ya declararon como testigos siete exministros de Defensa y
militares retirados.
El vicealmirante (R) Antonio Torres dijo que "los
vuelos clandestinos" y la "pesca ilegal" demuestran que el país
no está siquiera en condiciones de controlar el espacio terrestre, marítimo y
aéreo.
Las primeras páginas de la investigación de Di Lello son un
relevamiento de "accidentes". Da cuenta de, al menos, 78 hechos con
aviones y helicópteros militares desde 1986. Di Lello incorporó además un
informe periodístico que dice que desde entonces murieron al menos 252 personas
en tragedias militares.
"Esta no es una investigación contra nadie -sostuvo Di
Lello-, sino para ver si hubo responsabilidades penales a lo largo del tiempo o
bien descubrir las causas del estado de deterioro".
Las posibles figuras delictivas podrían ser
"incumplimiento de los deberes de funcionario público" o
"defraudación a la administración pública", de haber existido un
fraude con el patrimonio destinado a las fuerzas. Si, en cambio, Di Lello
concluye que no hubo delito, "se remitirán las conclusiones a todos
aquellos a quienes la Constitución y las leyes les encomiendan atender a la
defensa nacional", anunció.
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